El artista gráfico y comunicador, Yoni Cruz, quien ha demandado a Patricia Báez, madre de una de sus hijas, por graves actos de violencia contra la menor, expresó públicamente su rechazo a las decisiones que calificó de contradictorias que miembros del Ministerio Público han tomado en el caso.
“Responsabilizo de cualquier mal que pueda ocurrirle a mi hija menor de edad al magistrado Procurador General de la República, Francisco Domínguez Brito; a la magistrada Marisol Tobal, Procuradora General Adjunta y Coordinadora Nacional de Niños, Niñas, Adolescentes y Familia; al magistrado Laniers Molina, Procurador Fiscal de Niños, Niñas y Adolescentes (NNA) de la Provincia Santo Domingo; a la magistrada Ana Grecia Medrano, Fiscal Adjunta de NNA, y a toda autoridad que haya tenido que ver con las acciones irregulares, violatorias de los derechos fundamentales de mi hija, y míos propios, al devolver la menor al entorno de la madre, el pasado viernes 28 de febrero, sin informarme ni consultarme sobre la decisión. Me enteré por accidente de esa medida, tomada en medio de un proceso judicial en el que había confiado, cuando acudí al Hogar de Paso adonde la tenían interna, a llevarle una medicina que el pediatra de la niña acababa de indicarle”, explica Yoni Cruz.
Expresó su indignación ante las medidas dictadas por el fiscal Laniers Molina que no ha observado la preservación y garantía de derechos fundamentales de la niña, al alejarla de la escuela por ya casi un mes; del entorno del padre, al llevarla al de la familia materna, adonde sería una imprudencia acudir a visitarla, y exponiéndola ante el anunciado propósito de la madre de asesinarla y suicidarse si pierde “los estribos”.
Relató que tras su denuncia sobre el maltrato del que estaba siendo víctima su hija, la madre fue citada en la División de Niñez, Adolescencia y Familia, de la avenida México, y allí reconoció que había escrito un correo electrónico donde amenaza con asesinar a su hija y suicidarse si pierde “los estribos”, y no obstante eso, lo reiteró de viva voz frente a la magistrada Deysi García, y lo mismo hizo con la sicóloga que le evaluó, a quien dijo “prefiero matarla antes de que me la quiten”.
Según afirma el padre, la madre de la menor tiene un amplio historial violento, llegando al extremo de fracturarle el dedo meñique izquierdo, en un arrebato de ira. En otras ocasiones le ha clavado las uñas, le ha halado las orejas hasta dejárselas hinchadas, o le ha golpeado en diferentes partes del cuerpo, entre diversas violaciones de las cuales existen pruebas documentales depositadas en el tribunal.
En un documento enviado a la prensa, establece que a raíz de la fractura provocada por la madre a la niña, se dispuso a acumular pruebas para someter un recurso de guarda y custodia definitiva.
Dijo que en octubre del 2013, la madre le entregó la niña debido a que se mudó a otra ciudad, para que ésta pudiera ingresar al colegio, ya que no había sido inscrita casi 45 días después de iniciado el año escolar, debido a lo que calificó como irresponsabilidad de la madre.
“En esas circunstancias, la madre, advertida de la decisión del padre de elevar ese recurso, y viéndose ya ante el hecho irrefutable de que demostraría los actos de violencia cometidos contra la menor, entonces acudió de nuevo a un falso expediente de violación, esta vez contra el hijo y contra el padre. Coloca una denuncia que, a pesar de tener más de un mes depositada, sigue en investigación, no es querella aún y todo indica, según diversos experticios, que la menor nunca fue violada ni abusada.”
Cruz dice que es por ello que la madre ha usado las redes sociales y de comunicación masiva para presionar al Ministerio Público, en un intento de invalidarlo y a su familia, “para que, al perder la guarda de la menor, ésta quede en manos de la familia materna, que es lo mismo que en sus propias manos.”
“Yo he querido actuar acorde a mis principios éticos, a la prudencia y a la decencia, respetando la integridad moral, sicológica y de persona de mi hija. No he mencionado su nombre, ni publicado fotos, ni he ubicado el entorno escolar. Tampoco he colocado videos en las redes ni he expuesto a nuestra hija, contrario a lo que ha hecho ella, en violación a varios artículos del Código del Menor”, dice.
“Entonces, creí que aportando las pruebas, observando el debido proceso y colaborando en las investigaciones, lograría que se hiciera justicia, pero ha ido ocurriendo que, a pesar de las evidencias, y de ser yo quien ha denunciado los hechos, ella, por su condición de género, por las influencias que ha logrado acumular, y por la presión mediática que ha ejercido, entonces, ha sido beneficiada, cuando en realidad es la agresora”, afirma Yoni Cruz.
Expresa que desde el año 2008 ha acudido en más de seis ocasiones a la justicia en busca de protección para su hija, pero que la madre solo se presentó la primera vez, y luego siempre evadió asistir, pasando a amenazar con asesinar a la menor o con incoar un falso expediente por violación.
Hace unos tres años, ya la madre había acusado de violación a un niño de unos seis años, a su hermano, a sus hermanas, incluyendo a su propia hija. Estas amenazas y acusaciones hicieron que el padre llevara la niña, en compañía de la madre, para ser evaluada en Profamilia, descartándose allí y posteriormente en todas y cada una de las entidades que la han evaluado, cualquier tipo de abuso o violación.
“Hago un vehemente llamado a las autoridades judiciales a cumplir con su deber, a UNICEF, y a todo el sistema de protección de la niñez, a indagar este caso, pues intereses ajenos, presionados por el chantaje mediático de la madre, han influenciado para que las decisiones que emanan de los fiscales actuantes sean permeadas en desmedro de los intereses y la seguridad de la menor”.
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