La Procuraduría General de la República informó anoche que solicitó y obtuvo orden de arresto contra el alcalde de San Francisco de Macorís, Félix Manuel Rodríguez Grullón, por alegados actos de corrupción administrativa en detrimento del Estado dominicano, que envuelven más de 100 millones de pesos.
El arresto fue dispuesto por la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de San Francisco de Macorís.
La Procuraduría estableció que la operación fue dirigida por la procuradora especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa, Laura Guerrero.
Según la información, la magistrada Guerrero, también solicitó orden de arresto contra Fior Daliza Genao Hernández, gerente financiera y tesorera del Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macorís, así como contra Jerson Nerys Lizardo Pérez, exencargado de nómina de esa alcaldía.
Se informó que Guerrero dijo que a los funcionarios se les imputa la violación de los artículos 123, 145, 150, 166, 167, 169, 170, 171 y 174, así como 265 y 266 del Código Penal Dominicano.
“Estos son datos tomados como indicadores dentro de una gama de otras irregularidades detectadas en el informe de la Cámara de Cuentas, que son pruebas fehacientes que justifican y avalan nuestra solicitud de arresto, allanamiento, así el inicio de un proceso legal contra los imputados, quienes haciendo uso de sus funciones, cometieron los hechos presuntamente de coalición de funcionarios, falsedad, uso de documentos falsos, prevaricación, desfalco, concusión, abuso de confianza y asociación de malhechores, infringiendo así lo dispuesto en el Código Penal Dominicano, en franco perjuicio del Estado, en diferentes actos que envuelven más de 100 millones de pesos”, expresa Laura Guerrero Pelletier. La Procuraduría General de la República informó, asimismo, que en la investigación realizada por el ministerio público se pudo comprobar que en el período comprendido de enero 2007 a noviembre 2011, en el Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macorís, la entidad auditada emitió cheques duplicados a favor de diferentes beneficiarios por más de 800 mil pesos y pagos sin soporte por más de 8 millones de pesos.
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