Los “piratas”, conductores que ofrecen el servicio público sin estar regulados, crecen con los días, debido a los costos de afiliación a los sindicatos y a que nuevos permisos de operación han sido parados por la autoridad estatal
A simple vista es un servicio desorganizado, caótico, inseguro. Al observarse en detalles se revela un negocio multimillonario que sustenta a toda una empleomanía informal capaz de movilizar o paralizar el país por sus demandas.
La estructura bajo la que opera le garantiza sustento directo a choferes, cobradores, operadores de rutas, llenadores de vehículos y personal administrativo que regentea los sindicatos de transporte, y tiene como valladar una alta inversión para quienes desean afiliarse.
Y es que quienes optan por unirse a algunos de los sindicatos establecidos necesitan algo más que la intención para hacerlo. El derecho a pertenecer a estas organizaciones equivale a la compra de “ruta” (derecho a circular) a uno de los miembros, envolviendo en esto importantes cifras económicas.
El costo dependerá de la importancia de la ruta, pero la conversación se entabla en RD$150,000 por el trayecto que recorre un automóvil desde Los Cerros de Sabana Perdida hasta la denominada “Bomba de Los Mina”, entre los municipios Norte y Este de Santo Domingo, y continúa con cinco millones por el recorrido Santo Domingo-Santiago.
Los operadores del transporte parten de la lógica de que el valor es determinado por la producción de la ruta, “mientras más produzca, mayor será el costo”.
Los viajes al interior del país son los de mayor valor en las rutas del transporte, sobrepasando paradójicamente en dos y tres veces, en ocasiones, el costo original de los autobuses destinados a los recorridos.
Estévez Almánzar, la mano derecha del sindicalista Antonio Marte y encargado operativo de la Central Nacional de Organizaciones del Transporte (Conatra), explica que el costo del “derecho a turno”, como también son conocidas las rutas, se eleva en función de la capacidad de transporte de los vehículos.
Es así que recorridos como el de Santo Domingo hasta Baní, en la provincia Peravia, se han convertido entre los más codiciados por la seguridad que les brinda a los propietarios de retorno de inversión, y de ganancias a largo plazo.
El costo también aumenta “en función del trabajo sindical”, según los ejecutivos de Conatra. El planteamiento es que a mayor cuidado y dedicación para eficiencia en el servicio, se convierte a fin de cuentas en mayor valor final de las operaciones.
Las rutas interdiarias K y A de automóviles en el centro de Santiago de los Caballeros, por ejemplo, ronda los RD$400,000 debido a la higiene, y a que no se acepta un vehículo con luz rota de años de fabricación menores al año 1998, según explicó Santiago Rodríguez, director del bloque de transporte Conatra en la región del Cibao.
El detalle es que ante la gran cantidad de vehículos de transporte público en existencia, las autoridades han “congelado” los nuevos permisos de circulación, creando de esta forma una especie “de propiedad” a los dueños de los recorridos, un asunto que crece cada día.
Relación con el Estado
“Ellos tienen un contrato de operación y pagan por él, pero también pagan por una rotulación de sus unidades, que es una forma de inventario para la flota que ellos tienen. Por rótulo son RD$700. Se hace renovación anual de los contratos y oscila entre RD$100 por unidad”, explica Vicente Tapia, subdirector de normativa de transporte de la Autoridad Metropolitana del Transporte (AMET).
“Ellos tienen un contrato de operación y pagan por él, pero también pagan por una rotulación de sus unidades, que es una forma de inventario para la flota que ellos tienen. Por rótulo son RD$700. Se hace renovación anual de los contratos y oscila entre RD$100 por unidad”, explica Vicente Tapia, subdirector de normativa de transporte de la Autoridad Metropolitana del Transporte (AMET).
La venta se produce entre interesado y vendedor, aunque del total que resulte se le debe tributar a los sindicatos, por lo regular, el 10 por ciento.
Distribución
El sistema de transporte público en el país está dividido de la siguiente manera: en el Gran Santo Domingo es fiscalizado por la Amet, que tiene en sus registros a 208 rutas operadas por los sindicatos de transportistas públicos.
El sistema de transporte público en el país está dividido de la siguiente manera: en el Gran Santo Domingo es fiscalizado por la Amet, que tiene en sus registros a 208 rutas operadas por los sindicatos de transportistas públicos.
Las del interior del país, a excepción de Santiago donde las 30 existentes son inspeccionadas por la alcaldía de la comunidad, son reguladas por la Oficina Técnica de Transporte Terrestre (OTTT) que en sus registros supervisa a unas 1,511.
Para operar una automóvil en el Gran Santo Domingo, donde se registra la mayor demanda de viajes por la cantidad de personas que allí residen, el sindicato debe renovar anualmente el contrato de operación, oscilando entre RD$100 y RD$200 por cada vehículo que tenga la ruta, además del rótulo que cuesta RD$800. Se trata de RD$1,000 cada año que paga cada propietario.
Las rutas de minibuses pagan RD$500 por unidad y unos RD$1,000 por autobuses. En Santiago se le tributa a la alcaldía RD$300, e impuestos que ascienden a RD$800 anuales.
Estos costos, y la restricción de ampliación de la flotilla pública que puede circular por las calles del país, suelen incentivar lo que en el negocio se conoce como vehículos “piratas”, seduciendo a los pasajeros porque no hacen turno en paradas y suelen llegar más pronto al destino final.
En el marco legal
El tránsito de vehículos tiene a la Ley 241-67 como su normativa primordial, contándose ya nueve leyes recientes que modifican algunos de sus articulados. Además, otras seis leyes, resoluciones y reglamentos creados “para complementarlas”.
El tránsito de vehículos tiene a la Ley 241-67 como su normativa primordial, contándose ya nueve leyes recientes que modifican algunos de sus articulados. Además, otras seis leyes, resoluciones y reglamentos creados “para complementarlas”.
En cambio que el marco legal regulador de la operación del transporte público se constituye de cinco leyes e igual cantidad de decretos. En la Cámara de Diputados hay un proyecto de ley, sometido por Tobías Crespo, que busca la creación de un Ministerio de Transporte que agrupe a todas las instituciones que trabajan con este renglón en el país.
Se trata de 14 instituciones existentes que serían fundidas en esa nueva entidad, y aunque la iniciativa ha perimido en varias legislaturas, su autor, que fue director de Tránsito Terrestre, insiste en que es una de las soluciones más pertinentes.
Quienes ofrecen el servicio de transporte público deben pagar, por cada día de trabajo, entre 150 y 250 pesos por sus labores en el caso de los automóviles, mientras que los autobuses que viajan al interior del país suelen pagar el costo de un pasajero a la administración del sindicato.
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