Periodistas buscan soluciones a trabas para acceder a información

                                  

La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) inició su reunión de medio año, en esta ciudad, pasando balance a los adelantos, retrocesos y retos del libre acceso a la información, así como a las últimas tendencias periodísticas y  a la necesidad que tienen los periódicos de reinventarse para caminar a la par con las demandas de información.

En materia de libre acceso a la información, los charlistas César Ricaurte y Eduardo Bohórquez, establecieron que aunque se ha recorrido un largo tramo creando leyes de transparencia en muchos países de la región, todavía no se logra que éstas se cumplan a cabalidad y en algunas naciones se resisten todavía a la obligación de montarse en ese tren.

Al analizar el tema, el ecuatoriano Ricaurte dejó claro que el acceso a la información pública es un derecho fundamental contemplado en el artículo 19 de la Declaración de los Derechos Humanos y en la Convención Americana de los Derechos Humanos y que países como Argentina y Paraguay, donde no se ha podido consensuar este aspecto están en la obligación de hacerlo.

Citó como avances en esta lucha por la democracia participativa, la reciente creación, por parte del presidente estadounidense Barack Obama, de la Alianza de Gobierno Abierto, en la que se han agrupado 55 países, entre ellos la República Dominicana, comprometida con facilitar el libre acceso a la información pública.

Como retroceso, presentó, primero, el incumplimiento parcial o total de las leyes de acceso a la información pública en los países donde ya existe y, segundo, la amenaza de las naciones atrasadas en no aceptar el derecho de los periodistas a conocer el manejo de los fondos públicos.

Avances
Volviendo a los avances, reflexiona sobre el establecimiento de diez principios básicos para ser aplicados en los países donde todavía no hay jurisprudencia en ese sentido, y los cuestionamientos que hacen estos países a la importancia de las leyes de libre acceso a la información y a la universalidad de aplicación de las mismas. “Esto se constituye en una seria amenaza a los esfuerzos que se han hecho para llegar a donde estamos, cuando lo que deberíamos es estar completando la parte que nos falta, relativa al cumplimiento de las legislaciones existentes y su reforzamiento para que las partes oscuras sean aclaradas, y los funcionarios públicos entiendan que es a ellos a quienes más les conviene tener las cuentas claras”, dice.

Citó como ejemplo que en Ecuador hay una ley de libre acceso a la información y se creó  una Oficina de Transparencia Gubernamental, pero el mismo gobierno dicta resoluciones prohibiendo a los funcionarios dar entrevistas, clasifica los medios a los que se les puede dar información, concentra las noticias en los periodistas del sector oficial y sólo ofrece una parte de las informaciones relacionadas con contrataciones públicas.

En tanto que el mexicano Eduardo Bohórquez precisó que no basta con que los países tengan una ley de libre acceso a la información si no cuentan con base de datos y archivos claros y transparentes con los cuales puedan los periodistas avalar las informaciones.

“No es que se entreguen documentos fríos y confusos, es que se debe contar con una verdadera base de datos que permita a los periodistas estudiar la información y extraer sus conclusiones. No es, por ejemplo, identificar a una o dos personas que reciben subsidios del Gobierno, no. Es entregar el listado completo para que se pueda ver quiénes están ahí que no deberían estar. Eso es transparencia”, explicó.

Al esquematizar el problema comentó que es como si se tuviera un rompecabezas con todas las piezas, pero desarmadas porque no se sabe a ciencia cierta dónde es que encajan.

A su parecer, ese gráfico se arregla con voluntad política, con un verdadero sistema de fiscalización, con el control de la impunidad, con auditorías ciudadanas y con la persistencia, de parte de los periodistas, en la lucha por el reconocimiento del derecho a la información, que es la cuna de protección del resto de los derechos humanos.