La institución realizará desde mañana hasta el viernes el primer Congreso Nacional de Juntas Locales, Protección y Restitución de Derechos
Una madre que daba de comer a su hijo heces fecales, una niña que quería suicidarse y un colegio que excluyó a un niño porque su padre no pagaba la mensualidad son tres ejemplos de casos que han resuelto las juntas locales de Protección y Restitución de Derechos del Consejo Nacional de la Niñez y Adolescencia (Conani), un mecanismo que contempla la ley sectorial para proteger a menores en condiciones de amenaza, vulneración y violación flagrante de sus derechos.
Actualmente existen 32 juntas locales, luego de que se crearan las primeras diez en el 2011, y el objetivo es que exista una en cada uno de los 158 municipios del territorio nacional.
Pueden conocer casos de acoso escolar (bullying), negligencia de padres, exclusión escolar, explotación sexual comercial, abusos sexuales, físicos y psicológicos, provenientes de cualquier persona física o moral, que pueden ser sometidos a esas juntas por el querellante o denunciante bajo el más estricto criterio de confidencialidad.
El Código para la Protección de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes (Ley 136-03) establece en su artículo 466 que estas juntas estarán integradas por tres miembros titulares y tres suplentes que trabajan de manera voluntaria. Pueden durar tres años en el cargo y ser reelectos por un período consecutivo, en una votación con la participación de las organizaciones comunitarias reconocidas de la localidad donde accionan.
Alberto Padilla, del departamento de Políticas y Normas del Conani, explicó que las juntas locales se han convertido en un efectivo mecanismo comunitario contemplado en la ley que garantiza la protección y restitución de derechos de niños, niñas y adolescentes (NNA).
Precisó que la directora de Conani, Kirsys Fernández, ha asumido como una prioridad de su gestión la instalación de estas juntas en cada comunidad, pese a que no cuentan con el presupuesto para impulsarlo a la velocidad que quisieran.
“Nosotros teníamos previsto crear quince en tres años y ya al cierre de este año tenemos 22 porque Conani ha establecido alianzas con otras instituciones y organismos internacionales para establecer un sistema de protección de la niñez en cada comunidad”, indicó Padilla.
Las juntas locales de restitución de derechos del Conani se han ido adaptando a la realidad de cada comunidad y, en el caso de Boca Chica, sus mentores puntualizan que ha incidido en la reducción de la explotación sexual infantil.
Víctor Pimentel, presidente de la junta local de Boca Chica, reveló que en su comunidad se han reducido los casos que antes llegaban a los tribunales luego de que se conformara la instancia que dirige. “Un vecino, un profesor, cualquiera puede denunciar. Cuando se trata de un caso penal, nos desapoderamos y entonces lo pasamos a la fiscal de niños, niñas y adolescentes para que apodere al tribunal correspondiente”.
Denise Pichardo, directora del proyecto educativo “Caminantes” y coordinadora del directorio de Conani en Boca Chica, precisó que en esa comunidad han llegado incluso a un acuerdo con los hoteleros para que se comprometan a firmar un código de conducta, a fin de evitar que los visitantes nacionales y extranjeros incurran en la explotación sexual infantil.
El trabajo incluye jornadas de capacitación dirigidas al personal que labora en las playas y los hoteles de ese polo turístico.
Las juntas locales pueden emitir órdenes para restituir derechos violentados a NNA que tienen la misma fuerza de las sentencias que emiten los tribunales.
En el caso de Constanza, la junta local ha intervenido en casos de menores que no asisten a la escuela porque sus padres prefieren que trabajen como jornaleros en proyectos agrícolas. “La intervención de la junta ahí ha sido súper efectiva, porque se han quejado con las familias y explicándoles el beneficio que reporta para ellos si permiten que el niño o niña asista a la escuela”, refirió Padilla.
Congreso
Conani realizará del 2 al 5 de octubre el Primer Congreso Nacional de Juntas Locales de Protección y Restitución de Derechos, en el Centro de Formación Don Bosco, ubicado en Pinar Quemado del municipio Jarabacoa, en la provincia La Vega.
Conani realizará del 2 al 5 de octubre el Primer Congreso Nacional de Juntas Locales de Protección y Restitución de Derechos, en el Centro de Formación Don Bosco, ubicado en Pinar Quemado del municipio Jarabacoa, en la provincia La Vega.
El congreso reunirá por primera vez a 186 representantes de 32 comunidades donde ya existen estas juntas locales, quienes durante cuatro días reflexionarán sobre las experiencias acumuladas desde que se crearon las primeras diez en el año 2011, así como 10 profesionales de la oficina nacional de Conani y 14 miembros de directorios municipales.
El evento cuenta con el apoyo de Unicef, Visión Mundial, Ryerson University de Toronto, Canadá, y Plan Internacional.
“Nosotros en este congreso esperamos sentar las bases de una experiencia que a lo largo de tres años de la primera junta van a retroalimentar a los integrantes de las 22 nuevas juntas que hemos creado”, precisó Padilla.
Participarán como expositores Sandra Carbajal, consultora experta de Unicef, y Henry Parada, académico de la Universidad Ryerson, en Toronto, Canadá. Además, están invitados María de Jesús Conde, oficial representante de Unicef; David Coates, por Visión Mundial; Egberta Paula María Van Lith, directora del Plan República Dominicana.
Las primeras diez juntas locales de restitución de derechos del Conani se crearon en Elías Piña, Jimaní, Pedernales, Villa Altagracia, Dajabón, Santiago, Las Terrenas, Higüey, San Pedro de Macorís y Boca Chica.
Las juntas locales trabajan en coordinación con las oficinas comunitarias de Conani, pero son independientes en la toma de decisiones, además de que incluso pueden actuar de oficio ante la sospecha de amenaza, vulneración o violación flagrante de los derechos de NNA.
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LEY ORDENA CREAR JUNTAS PARA GARANTIZAR DERECHOS
Las medidas de protección y restitución de derechos de niños, niñas y adolescentes contempladas en la ley 136-03 son una modalidad de sentencia alternativa de conflictos sociales, orientadas a la desjudicialización en el ámbito administrativo de casos relacionados con la amenaza, vulneración y violación flagrante de los derechos de la niñez y la adolescencia, siempre que las acciones de los actores involucrados no constituyan delitos. Pueden imponerse por acción u omisión de las instituciones públicas y privadas; falta, omisión o abuso de los padres, tutores, encargados o responsables; por acciones u omisiones contra sí mismos y por acciones u omisiones o abusos de particulares.
LEY ORDENA CREAR JUNTAS PARA GARANTIZAR DERECHOS
Las medidas de protección y restitución de derechos de niños, niñas y adolescentes contempladas en la ley 136-03 son una modalidad de sentencia alternativa de conflictos sociales, orientadas a la desjudicialización en el ámbito administrativo de casos relacionados con la amenaza, vulneración y violación flagrante de los derechos de la niñez y la adolescencia, siempre que las acciones de los actores involucrados no constituyan delitos. Pueden imponerse por acción u omisión de las instituciones públicas y privadas; falta, omisión o abuso de los padres, tutores, encargados o responsables; por acciones u omisiones contra sí mismos y por acciones u omisiones o abusos de particulares.
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