Justicia y Transparencia califica de inconstitucional retención de vehículos y apresamientos por parte de Amet

                               
EXIGE AL DIRECTOR DE AMET DESCONTINUAR LA PRÁCTICA Y ANUNCIA ACCIONES LEGALES SI PERSISTEN LAS VIOLACIONES

El presidente de la Fundación Justicia y Transparencia (FJT) calificó hoy como ilegal e inconstitucional la retención de vehículos y el apresamiento de conductores por parte de Autoridad Metropolitana de Transporte (AMET) para cobrar multas por presuntas violaciones a la ley de tránsito.

Trajano Potentini pidió al director de la Amet, general de brigada Juan Brown, descontinuar la práctica, debido a que esas acciones son una violación a los derechos fundamentales de las personas.

Advirtió que de no obtemperar procederá a interponer por ante la justicia, las demandas y acciones legales pertinentes, tales como una acción de amparo o demanda en responsabilidad civil y patrimonial por las acciones antijurídicas cometidas.

Pontentini dijo que la multa es una pena y que solo los jueces del sistema judicial son los únicos que están facultados para imponer multas, esto así previo a un juicio, con todas las garantías legales y por sentencia.

Expresó que la AMET no tiene ni posee facultad legal para apresar y retener vehículos, los cuales solo devuelven cuando se ha pagado lo que ellos establecen sin mediar autoridad o proceso alguno, “convirtiéndose en una maquinaria salvaje y despiadada de recaudación de fondos, ajena a sus propósitos y funciones”.

Lamentó que las acciones y ambición desmedida de la AMET vienen cobijadas por el acto también inconstitucional que especializa el dinero de las contravenciones para ser usados por la Procuraduría General de la República en el modelo penitenciario, todo ello en violación al art. 24 de la Ley General de Presupuesto, Núm. 423-06.

Asimismo, manifestó que también constituye una violación preocupante el hecho de que la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) esté validando y autorizando la transferencia de fondos públicos a favor de la Procuraduría General de la República, al entregarle el producto ilegal e inconstitucional de las multas de tránsito, para ser utilizados en el modelo penitenciario.