Haití no pudo superar una prolongada crisis política en el 2014, y aunque a finales de éste los principales actores políticos iniciaron un nuevo intento de diálogo que ya le costó el cargo al primer ministro Laurent Lamothe, el país corre el riesgo de enfrentar una situación verdaderamente comprometida si no resuelve sus graves problemas el próximo año.
El mayor reto reposa en el compromiso del Poder Ejecutivo, de los legisladores y de los partidos políticos para ceñirse a los acuerdos que se logren a partir de ahora, y en el cumplimiento de los cortos plazos que tiene la nación para evitar caer en un vacío institucional como ha advertido la Misión de la ONU para la Estabilización de Haití (Minustah).
El 12 de enero del próximo año concluirá el mandato de dos tercios del Senado y de todos los miembros de la Cámara de Diputados, lo que dejará al Parlamento sin funciones al no haberse elegido a los nuevos legisladores.
Pero el problema no es solamente político.
A principios de septiembre pasado, la Comisión para América Latina y el Caribe (Cepal) advirtió que la crisis política impactó el desempeño económico de Haití, que este año crecerá menos debido a un menor dinamismo causado, entre otros factores, por la tardanza en la aprobación del presupuesto del 2014, derivado de las diferencias entre el gobierno y el Legislativo.
En el plano internacional, la larga crisis podría afectar el diálogo que sostiene con República Dominicana, iniciado en enero pasado tras un año plagado de altercados comerciales y por una sentencia sobre el derecho a la nacionalidad que afectó a miles de inmigrantes haitianos y a sus descendientes radicados en territorio dominicano.
Ante la demora para encontrar una salida, el presidente haitiano Michel Martelly anunció a fines de octubre que gobernaría por decreto y que convocaría a elecciones legislativas y municipales, por lo que fue nuevamente criticado por la oposición.
Las diferencias entre el jefe de Estado y los legisladores se remonta a finales del 2011, cuando el diputado Arnel Bélizaire fue detenido a su regreso de Francia, acusado de evadir la prisión en el 2005, adonde fue enviado por cargos de secuestro y porte ilegal de armas.
En represalia, el Poder Legislativo encargó a una comisión investigar la nacionalidad del presidente Martelly, que antes del arresto había acusado a Bélizare de haberle faltado el respeto durante un encuentro en el palacio de gobierno.
Los enfrentamientos se mantuvieron por diversos motivos en el 2012 y 2013, y entre acusaciones por la inacción del Parlamento y por la forma autoritaria de gobierno de Martelly. Antes de la ley electoral, algunos legisladores bloquearon la conformación de un tribunal electoral, que al final fue designado por decreto por el Presidente haitiano.
En marzo pasado, el Poder Ejecutivo, el Parlamento y los partidos políticos suscribieron un pacto nacional que debía permitir la realización de elecciones.
Pero el acuerdo fue rechazado por un grupo de seis senadores que se niega a aprobar una reforma a la ley electoral, y por otros seis partidos de la oposición más radical que exigían al gobierno que se ciña a la Constitución para realizar elecciones parciales que finalmente fueron aplazadas sin fecha el pasado domingo 26 de octubre.
En un nuevo intento para superar la crisis, el gobernante inició en septiembre de este año nuevos contactos con sectores de la vida nacional, y se reunió incluso con cuatro de seis senadores a los que el gobierno acusa de bloquear los comicios evitando la aprobación de una reforma a la ley electoral.
Martelly anunció a fines de noviembre la conformación de un comité consultivo integrado por once destacadas personalidades de la sociedad haitiana, con la tarea de recoger los resultados de las consultas realizadas por el mandatario.
Una semana después, la comisión recomendó la renuncia del primer ministro, la destitución del actual consejo electoral provisional (CEP) y la dimisión del presidente del Consejo Supremo, Anel Alexis Joseph; además de la suspensión de las movilizaciones contra el gobierno y la liberación inmediata de los presos políticos que denuncia la oposición.
El organismo también pidió a los senadores votar las enmiendas a la ley electoral con el fin de facilitar la celebración de elecciones en el país y la instauración de una tregua política para facilitar el nombramiento y la instalación de un nuevo gobierno de consenso.
El problema ahora es cumplir el calendario propuesto por el comité, que el propio Martelly ha cuestionado.
Haití tenía hasta este miércoles para la designación de un nuevo primer ministro, para la dimisión del presidente del Consejo Superior del Poder Judicial (aún sin compromiso anunciado), así como para la realización de consultas entre el mandatario y los presidentes de las cámaras legislativas, hecho este último que ya sucedió.
La comisión también dispuso que entre el 17 y 24 de este mes tendrá lugar la firma de un pacto por el consenso entre el Presidente y los partidos políticos, la destitución de todos los integrantes del CEP y las consultas para la conformación de un nuevo órgano electoral.
También debe producirse la votación de la ley electoral en el Senado, la instalación del nuevo gabinete y el voto de confianza en el Parlamento a la política general de la nueva administración.
Martelly dijo el martes que la crisis en su país está lejos de resolverse con la dimisión del primer ministro y del tribunal electoral.
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