LA SUPREMA CORTE CONOCERÁ LA CASACIÓN EL 4 DE MARZO
La acción penal por el alegado fraude con los títulos de Bahía de las Águilas quedó extinguida por la decisión de un tribunal tras más de 15 años de proceso, y dentro de nueve días la Suprema Corte de Justicia (SCJ) conocerá un recurso de casación incoado por la Fiscalía del Distrito Nacional contra esa sentencia.
El Segundo Tribunal Colegiado de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del DN declaró el 8 de octubre de 2012 la extinción de la acción penal en el caso por prescripción.
El tribunal presidido por Sarah Veras, Ingrid Fernández y Teófilo Andújar llegó a intimar a la Fiscal del Distrito Nacional el 23 de julio pasado, a los fines de que compareciera a la audiencia el 8 de octubre pasado.
La acción pública inició el 18 de marzo de 1997, mediante la presentación de formal querella, presentada por el ex director del IAD, Winston Guerrero. Mientras que la providencia calificativa fue emitida el 17 de junio del 2003, por el segundo juzgado de la Instrucción del DN. Dicha decisión, fue recurrida y confirmada en apelación el 15 de septiembre del 2010, apoderándose el expediente a los jueces del Segundo Tribunal Colegiado, el 26 de enero de 2011, fijando la audiencia para el 2 de febrero de 2011.
Durante todo este proceso, unos siete reenvíos se produjeron durante el juicio de fondo seguido al ex director del Instituto Agrario Dominicano (IAD), Jaime Rodríguez Guzmán, y otras dos personas, quienes fueron favorecidos con la extinción de la acción penal, acusados de expropiación de cientos de miles de metros de terrenos en Bahía de las Águilas, por la falta de interés del ministerio público.
Los jueces del Segundo Tribunal Colegiado del DN, fijaron la primera audiencia del juicio seguido, además, a Rafael Antonio Rodríguez Guzmán y Reyna Margarita Martínez, el 6 de junio de 2011, produciéndose un total de siete reenvíos, ante ausencias del fiscal. El tribunal señala en la reciente sentencia, que desde la fecha en que se inicia la persecución penal al 8 de octubre de 2012 cuando se emite la sentencia de extinción de la acción penal, trascurrió un período de 15 años y siete meses, sin que a la fecha el ministerio público haya siquiera reformulado acusación, no obstante habérsele dado la oportunidad para ello.
Cronología de aplazamientos
El 6 de junio de 2011, el tribunal aplazó la audiencia para el 8 de agosto de ese año, y en esa ocasión el fiscal que compareció al tribunal alegó que la persecución penal quien la llevaba era la Procuraduría General de la República. El tribunal decidió aplazar la audiencia para el 24 de octubre de 2011. El 24 de octubre el ministerio público solicitó el aplazamiento y el tribunal puso audiencia para el 30 de enero de 2012. También hubo aplazamientos el 7 de mayo, el 23 de julio y 8 de octubre, para que la fiscal titular designara al fiscal que llevaría el caso.
INICIO DEL PROCESO El 6 de junio de 2011, el tribunal aplazó la audiencia para el 8 de agosto de ese año, y en esa ocasión el fiscal que compareció al tribunal alegó que la persecución penal quien la llevaba era la Procuraduría General de la República. El tribunal decidió aplazar la audiencia para el 24 de octubre de 2011. El 24 de octubre el ministerio público solicitó el aplazamiento y el tribunal puso audiencia para el 30 de enero de 2012. También hubo aplazamientos el 7 de mayo, el 23 de julio y 8 de octubre, para que la fiscal titular designara al fiscal que llevaría el caso.
El grupo fue sometido a la justicia en marzo de 1997, por violación a varios artículos de la Constitución, del Código Penal Dominicano, sobre la reforma Agraria, Ley sobre bien de familia, ley 362 que regula las ventas de tierras rurales, y urbanas y suburbanas propiedad del Estado. En torno al caso también fueron sometidos a la justicia el empresario Moisés Fernando Marchena, (falleció), Puro Pichardo Fernández, Vicente Guzmán Tatis, Nelson Oleaga Guzmán, Marcos Marte de León, Hedí Francisco del Orbe, Arelis Colón Matos, Miguel Nelson Fernández y Arturo José Cuello.
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